Pocas
veces la justicia, ahora sí,
a
través del juez Carhuancho, se ha
dejado
sentir ante los poderosos
Cuatro
poderosos empresarios peruanos, coludidos con las coimas que repartía a manos
llenas la empresa brasileña Odebrecht, fueron encerrados esta mañana temprano
en la carceleta del Poder Judicial, mientras otro, repentinamente enfermo y
hospitalizado, está bajo vigilancia policial.
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| Muy temprano los llevaron a la carceleta |
Los
medios de hoy amanecieron con la sorprendente noticia, porque hasta pasada la
medianoche del domingo, el juez Richard Concepción Carhuancho, no había leído
la parte sustancial de su resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva
para los cinco empresarios.
La
agencia estatal de noticias Andina, informó que en la carceleta del Poder Judicial,
cuatro de los empresarios comprometidos se encontraban “a la espera de ser
traslados a centro penal donde cumplirán prisión preventiva”.
Se
trataba de José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando Alejandro Graña Acuña,
Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós, quienes “fueron
trasladado por la policía hasta esta sede judicial”, dijo Andina.
En el
penal adonde serán destinados los referidos empresarios, todos de constructoras
asociadas a Odebrecht, pasarán los 18 meses de prisión dispuestos por el juez
Carhuancho titular de la Sala Penal Nacional.
La
agencia precisó que “los cuatro empresarios no se encontraban en la sala el
momento en que el juez Richard Concepción Carhuancho acogió un pedido de la
fiscalía”, que reclamó los 18 meses de prisión.
Se presentaron en la Sala
“Se
presentaron inmediatamente en la sede de la Sala Penal Nacional”, donde la
policía judicial se hizo cargo de ellos para trasladarlos a la carceleta,
ubicada en la sede del palacio nacional del Poder Judicial.
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| El fiscal reclamó 18 meses de prisión preventiva |
José
Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Alejandro Graña Acuña son exdirectivos
de Graña y Montero (GyM), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone es presidente
de JJ Camet Contratistas Generales S.A. y José Fernando Castillo Dibós, es director
gerente general de ICCGSA, todas conocidas empresas constructoras.
“Se les
atribuyen los presuntos delitos de colusión y presunto lavado de activos, debido
a que, según la fiscalía, habían tomado conocimiento de la presunta coima que
habría pagado Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo, por la (construcción
de la) carretera Interoceánica.
Esta
carretera une localidades del sur del país, y penetra en el Brasil cerca de la
ciudad de Acre.
A un
quinto procesado, Gonzalo Ferraro Rey, alto funcionario de Graña y Montero, se
le aplicó arresto domiciliario, porque se encuentra hospitalizado en la clínica
Anglo Americana.
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| El juez Carhuancho dispuso la prisión |
En su
resolución el Carhuancho señaló que “en efecto hay un alto grado de
probabilidad sobre la existencia de un delito tanto de colusión y de lavado de
activos”, según versión del diario Gestión.
La resolución
indica, asimismo que los empresarios “tenían conocimiento” de que fueron
entregados 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo, mediante un
acuerdo con Jorge Barata, representante de Odebrecht.
La suma
habría servido para determinar que la buena pro de la construcción de los
tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, fuera entregada a IIRSA.
Cedieron parte de sus utilidades
“Frente
a ello, y para compensar el abono que realizó Odebrecht, las empresas Graña y
Montero, JJ Camet y ICCGSA acordaron ceder parte de sus utilidades de manera
progresiva”, dijo Gestión.
“Este
acuerdo se realizó en junio del 2011, con la presencia de José Graña, Fernando
Camet y José Castillo, y que se involucró a Gonzalo Ferraro y Hernando Graña,
quienes realizaron la operación y abono en favor de las empresas vinculadas al
grupo Odebrecht”, añadió el diario.
El
fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, “aseguró que es necesario mantener en
situación de prisión preventiva a los investigados durante 18 meses para evitar
que escapen del país y evadan a la justicia”, indicó el diario La Repúbica.
“Para
defender ese argumento, afirmó que los cinco procesados cuentan con los
recursos económicos suficientes para dejar el Perú en cualquier momento y
solventar los gastos de mantenerse en la clandestinidad”, destacó seguidamente.
Riesgo de fuga
"Que
el sistema no permita lo que pasó con (el empresario) Gustavo Salazar,
presidente del (club) Regatas, a quien ahora tenemos que extraditar",
indicó el fiscal, de acuerdo con la versión de La República.
“Salazar
permanece en los Estados Unidos”, agregó el diario, “pese a que tiene una orden
de prisión preventiva en su contra por presuntamente haber prestado una de sus
empresas para el pago de un soborno de Odebrecht al ex gobernador del Cusco
Jorge Acurio”.
“Los
cinco (empresarios procesados) registran constantes salidas del país, según los
movimientos migratorios que presentó el fiscal Castro, e incluso tienen la
opción de residir en Estados Unidos sin ningún inconveniente”, dijo el diario.
“Ambos
datos fueron considerados por Castro como argumento para justificar el riesgo
de fuga”, concluyó el diario.
(Imágenes
de El Comercio, La República, Gestión e Internet)
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