miércoles, 22 de abril de 2015

Periodistas expulsan al dueño de El Mercurio

Poderoso empresario es expulsado
por el Colegio de Periodistas por
su vinculación con la dictadura

El Colegio de Periodistas de Chile, frente a un requerimiento planteado por el Tribunal de Ética decidió expulsar de sus registros, donde tenía el número 88, al dueño y exdirector del poderoso diario El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, informó hoy miércoles la organización gremial y medios de comunicación de la capital chilena.

Un Colegio que cumple con su deber
El pedido fue planteado por un grupo de periodistas en septiembre de 2014, y la presidenta del organismo, Javiera Olivares, informó que “el Tribunal de Ética Metropolitano del Colegio de Periodistas ha anunciado que ha acogido el requerimiento de expulsión de nuestro colegiado Agustín Edwards Eastman, porque no estaría cumpliendo el código de ética que es parte fundante de nuestro colegio, que implica la defensa de los Derechos Humanos, la democracia y los derechos de las personas”.

En una declaración pública, “el Tribunal de Ética y Disciplina del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas (TRED) informa a la ciudadanía su decisión de sancionar con la expulsión de la Orden al colegiado Agustín Edwards Eastman, al término del juicio en que fue hallado culpable de vulnerar disposiciones del Código de Ética Periodística”.

Colaboró con la CIA contra la democracia chilena
La declaración prosigue que “el proceso contra Edwards comenzó el 15 de noviembre de 2014, a propósito de una denuncia presentada por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile, sustentada en los últimos documentos secretos desclasificados en Estados Unidos, en donde Edwards Eastman aparece como periodista y dueño de la empresa El Mercurio S.A.P., colaborando en operaciones de la CIA (Central de Inteligencia norteamericana) y obteniendo fondos de la Administración Nixon para sustentar una política editorial de desinformación y de ese modo contribuir a socavar la democracia, para facilitar el Golpe de Estado contra el Presidente Salvador Allende”.

En la sentencia también se consideró el rol de sus medios de comunicación durante el régimen militar, tales como “las publicaciones que dio en las portadas el diario El Mercurio en el momento en que se produjeron algunos disturbios a propósito de la visita del Papa (Papa Juan Pablo II) en el Parque O’Higgins donde ciudadanos comunes fueron sindicados como culpables y que después quedó abiertamente demostrado que ellos ni siquiera habían estado allí”, publicó el diario El Día.

Como era de esperarse... silencio total
“Junto a eso, está también el haberse hecho partícipe del proceso de desestabilización en Chile que provocó el golpe de Estado de 1973″, explicó Olivares.

“Es una sentencia histórica, un cambio cultural para el periodismo en Chile y me parece que hay que tomárselo así”, concluyó Olivares.

Edwards fue notificado hoy del fallo condenatorio unánime por intermedio del abogado Miguel Schweitzer Walters, designado por él como su representante según las formalidades del procedimiento.

Dispone, además, de diez días para recurrir ante el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas (TRINED) y en la eventualidad que rehúse apelar, la sentencia quedará a firme y será eliminado de los registros de la Orden

La noticia rebotó en medios independientes 
El portal El Mostrador difundió, a su vez que la medida del Colegio de Periodistas está fundamentada en ”dos hechos particulares: el papel que jugó El Mercurio en la creación de un escenario de inestabilidad durante el gobierno de la Unidad Popular y por el rol que cumplieron las portadas de El Mercurio durante la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, cuando se acusó a ciudadanos inocentes de los desórdenes ocurridos y que fueron posteriormente detenidos y torturados por agentes de la dictadura”.

La sanción al dueño de uno de los más poderosos e influyentes periódicos de América, es un buen motivo para que las organizaciones gremiales de periodistas de otros países asuman con entereza su misión frente a los delitos contra la ética cometidos por quienes se creen intocables.


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