Dejan cultivos
tradicionales
para
dedicarse a la coca
Nota
del Editor - El siguiente es un despacho de la agencia Inforegión que
privilegia sus informaciones en hechos de la selva amazónica peruana y muestra
exhaustivamente la injerencia del narcotráfico en lugares que se creía limpios
de esa lacra.
Por Roberto
More C.
En la
frontera entre Perú, Colombia y Brasil, una provincia de Loreto ha sucumbido
ante el narcotráfico que ha captado a toda una etnia amazónica para el cultivo
de coca y la elaboración de cocaína como sucede en el valle de los ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem).
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| La bella Caballococha contaminada por el narcotráfico |
Caballocochase encuentra cerca de la frontera entre Perú, Colombia y Brasil, en la región
Loreto. Está a dos horas de las ciudades de Santa Rosa, Leticia y Tabatinga
viajando por el río Amazonas en los “rápidos”, embarcaciones a motor que
recuerdan a los buses interprovinciales de los años 90, y se ubica en las
orillas del río más caudaloso del mundo.
Esta
localidad sería como cualquier otra de nuestra Amazonia si es que no fuera por
un nefasto detalle: el narcotráfico ha tomado el control de la zona.
El
último 11 de julio el mayor Rudy Jim Falcón Salguero fue asesinado en las
inmediaciones de esta localidad cuando destruía laboratorios de cocaína junto a
otros 17 agentes de la Dirandro, dirigidos por el comandante PNP Iván Lizzetti.
El grupo policial había destruido aquella madrugada ya dos instalaciones de
elaboración de cocaína y se dirigía a acabar con una tercera cuando fue emboscado.
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| Una unidad policial fue emboscada |
Inforegión,
agencia de prensa ambiental, viajó a la zona para conocer -in situ- la realidad
de esta provincia elegida por los narcotraficantes, mayormente colombianos,
para sembrar coca y fabricar la cocaína que es trasladada hacia la frontera
para su posterior distribución a Colombia y Brasil.
Zona
liberada
La
provincia de Mariscal Ramón Castilla tiene una población aproximada de 70.974
personas según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y está
conformada por los distritos de Ramón Castilla, Yavarí, San Pablo y Pebas.
Caballococha,
su capital, alberga a 23.610 pobladores que antes de la llegada del narcotráfico
se dedicaban a la pesca y la agricultura (básicamente plátano y yuca).
En la
localidad, además de la alcaldía provincial, se encuentran oficinas de otras
entidades estatales como el juzgado de paz letrado, Ministerio Público (para
delitos comunes, no narcotráfico y/o lavado de activos), comisaría,
Departamento de Operaciones Antidrogas (Depotad) de la Dirandro, Banco de la
Nación, Unidad de Gestión Educativa (UGEL) y un Agrobanco que fue inaugurado
recién en el mes de julio. No hay bancos ni entidades crediticias.
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| No hay presencia del estado |
A diferencia
de la capital, Cushillococha es un centro poblado que solo cuenta con el
municipio local y donde no existe presencia del Estado. Policías, jueces,
fiscales o cualquier otra autoridad brillan por su ausencia, lo que ha hecho de
este pueblo una zona liberada a favor del narcotráfico.
A 20
minutos de Caballococha en motocar, la localidad está habitada por la etnia
amazónica ticuna que hasta hace cinco años también se dedicaba a la pesca y
agricultura, pero ya no.
De
acuerdo a las autoridades antidrogas, el 100% de dicha etnia se está dedicando
al cultivo de coca para la elaboración de cocaína con los capitales que la
mafia colombiana inyecta en dicho centro poblado.
El
alcalde, Joel Cuelo Guerrero, quien también es cocalero, justifica la actuación
de su pueblo aduciendo un abandono del Estado. Para el burgomaestre los tres
mil soles mensuales que se destinan a su comunidad para los trabajos ediles son
absolutamente insuficientes.
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| El peligro de que sea otro VRAEM |
“Gracias
a la planta adormecedora y al narcotráfico se mejora la vida cotidiana, o sea,
de lo que estábamos hasta las patas, ahora todo ha subido de precio. El
productor, el pescador, venden sus productos al precio que quieran. El
fabricante de fariña vende más que la hoja de la coca, (ya) que antes del
sembrío de la coca la gente barateaba (sus productos), no había donde vender,
ahora por la coca se nivela todo”, afirma.
De
hecho, los cocaleros reciben entre 80 y 100 soles diarios por trabajar para los
colombianos cuya presencia en Cushillococha es más que evidente pues ahora
conviven con los ticunas. Por otra parte, en este centro poblado ya no hay solo
las rústicas viviendas de madera de los nativos amazónicos sino que las casas
exhiben su material noble con antenas de televisión satelital.
Cocaína
con sabor a cumbia
En
Loreto no se sabe a ciencia cierta cuántas hectáreas de coca hay. De acuerdo con
el último Monitoreo de Cultivos de Coca elaborado por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), y que fue presentado el año pasado,
en dicha región, existen 3.070 hectáreas de cocales ilegales.
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| Mejoran artificalmente la vida |
Sin
embargo, para el suspendido presidente regional (y candidato a la reelección)
Iván Vásquez Valera, son 40 mil las hectáreas cultivadas. Esta abismal
diferencia entre las cifras presentadas impide que se sepa a ciencia cierta
cuánto es lo cultivado por el narcotráfico pero fuentes de la Dirandro, de la
Procuraduría Antidrogas y del Ministerio Público creen que son mucho más los
cocales presentados por Unodoc y Devida.
Sea
cuales fueren las hectáreas cultivadas, la cocaína sale de Mariscal Ramón
Castilla a raudales. Miguel Ángel Peric, jefe de la división de operaciones
especiales antidrogas del sector Nororiente, Iquitos, informó que los
colombianos han traído a Caballococha su método de elaboración de cocaína.
“El
método del cilindro o colombiano no utiliza poza de maceración o decantación,
sino que hacen el picado de la hoja verde (de coca) y (el producto) lo meten al
cilindro con combustible, en este caso gasolina con cemento, para extraer el
alcaloide. Con este procedimiento se acelera el proceso y eso demanda mayor
cantidad de hoja, por decir, una arroba de coca seca utiliza 11,5 kilogramos mientras
que la de coca verde demanda 30 kg”, afirmó.
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| Policía víctima de emboscada |
Efectivamente,
en Caballococha hay cuatro grandes grifos: dos terrestres y dos en el río.
Venden gasolina sin emitir una sola boleta de venta y no hay nadie que controle
el destino del combustible ya que no hay oficina de la Sunat en esta localidad,
a pesar de ser uno de los insumos químicos fiscalizados (IQF).
Para el
oficial de la Policía, el Ejecutivo debe incluir entre la lista de los IQF al
cemento que remplaza a otros como el calcio y que puede expenderse libremente y
cuando es encontrado en los laboratorios no puede ser decomisado. Por cierto,
en Caballococha son 13 las ferreterías que venden como pan caliente este
producto.
Otro
problema que enfrenta la Dirandro es la falta de una Fiscalía Antidrogas en
dicha localidad. El fiscal Felipe Elías Silva trabaja en Iquitos (que queda a
ocho horas de esta localidad) y debe repartirse entre los otros casos de
narcotráfico y lavado de activos producto de este flagelo que se presentan en
todo Loreto.
Conclusión,
los policías están atados de manos porque no pueden realizar operativos de interdicción sin la presencia
del representante del Ministerio Público.
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| La policía necesita medios modernos |
Aunque
Peric no lo dijo, este no es el único problema que enfrentan los agentes
antidrogas en Mariscal Ramón Castilla. Los policías, cuyos nombres no
revelaremos por obvias razones, denunciaron que mientras que en el Vraem o el
Alto Huallaga hay helicópteros que son utilizados para la destrucción de
laboratorios y la erradicación de coca, Loreto no cuenta con ninguna de estas
unidades.
Además,
las embarcaciones que usan son de 1998, lo que los pone en total desventaja al
momento de perseguir a los traficantes que tienen naves con tecnología moderna
y cuentan con motores más raudos que los policiales.
En
resumen, sin Sunat, Fiscalía Antidrogas y sin apoyo logístico, los policías de
la Dirandro de Caballococha trabajan con las manos atadas para beneplácito de
los narcos.
De “rapachines”
y juventudes perdidas
La
jueza Liliana Garrido López ha procesado en Caballococha a entre 80 y 100
personas desde que asumió el juzgado de paz letrado hace 16 meses. Todos los
detenidos están juzgados y/o condenados por narcotráfico pero específicamente
por sembrar coca, procesar cocaína o transportarla pero hasta el momento no se
ha capturado a algún narco importante.
“Todos
son de comunidades nativas, personas humildes, nativos colombianos y
brasileños”, añade.
Garrido
indicó que a los jóvenes que van a sembrar y cosechar la coca se les denomina
“raspachines”, quienes son seducidos por el dinero fácil que ofrece el
narcotráfico. “Pero lo más penoso es que muchos escolares dejan el colegio para
irse a trabajar en el sembrado y cosecha de la coca”, lamentó.
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| Atraen a la juventud |
Esta
situación fue corroborada por el docente Javier Rocha da Silva, quien también
es candidato a la alcaldía de Mariscal Ramón Castilla por Acción Popular. De
acuerdo con el profesor, en las comunidades nativas cada vez son más los
estudiantes que abandonan las aulas para irse con el narcotráfico.
“El
sembrío ilegal no solamente crea una economía ficticia y va a traer violencia
más adelante sino que también está retrasando el trabajo educativo, los niños
están dedicándose a la raspa y por ende abandonando las escuelas”, se lamenta.
En lo
que todos los consultados estuvieron de acuerdo es que el Estado tiene que
intervenir con la introducción de los productos alternativos que están
funcionando bien en otras partes del país como el valle de Monzón o la región
San Martín.
“Mientras
tanto, esta jurisdicción será considerada como el Vraem chico, en tanto no se
note la presencia del Estado a través de un plan coherente y objetivo que hasta
ahora no se ve”, afirmó la magistrada Garrido.
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