Advierten peligrosidad
de la llamada Ley de
delitos informáticos
El semanario Hildebrandt en sus trece advierte en su edición de hoy viernes que “crear una base de datos y propagar información sobre cualquier esfera o
ámbito de una persona natural o jurídica (sin importar qué encuentres) se ha vuelto delito”, que eventualmente podría llevar al ciudadano, periodista o no, a
la cárcel por un periodo de entre tres a cinco años.
Comienzo de la lucha contra peligrosa ley
El artículo firmado por Carlos León y titulado “Mamotreto
amenazante” recuerda que la Ley de delitos informáticos fue promulgada por el
Ejecutivo un peligroso "mamotreto" y “su propio nacimiento es un espanto”.
Luego refiere que “la mañana del 12 de septiembre último,
Juan Carlos Eguren, presidente de la comisión de Justicia y primer impulsor de
esta ley, presentó el proyecto de la norma al pleno del Congreso y expuso lo
que consideraba su utilidad. El documento tenía desde errores de redacción
hasta ambigüedades infames, pero lo defendía”.
Añade que “la mayoría de los congresistas, en lugar de
señalar sus fallas, exigieron ponerle más papa al caldo”.
Siguen párrafos del artículo de León, harto
significativos que contribuirán a crear una verdadera conciencia sobre los
peligros del referido dispositivo.
Eguren hizo un sancochado de varias carnes
“El congresista Tomás Zamudio Briceño, de la bancada.
oficialista, pidió que lo juntaran con otro proyecto de ley. ¿Cuál? Uno suyo.
“La congresista Julia Teves, también de la bancada
casita, no se quedó atrás y demandó también que acumularan un proyecto suyo que de
otra forma habría pasado al olvido.
“Y como nadie quería quedarse sin tajada, Gustavo Rondón,
de Solidaridad Nacional, hizo lo propio y solicitó contento que metieran encima
su proyecto.
“¿Pero qué hizo Eguren con las metidas de diente de estos
congresistas? Una genialidad: dijo que las iba a incorporar todas y que le
dieran un cuarto intermedio para hacerla. Incluso le mandó un guiño a Yonhy
Lescano, quien había reprobado el proyecto junto a Mesías Guevara, diciendo que
hasta sus críticas tendrían cabida.
“Dicho y hecho. A las cuatro de la tarde tenía un
proyecto de ley transformado, prácticamente uno nuevo, que metía todo lo que se
le había pedido en la mañana. Es decir, cualquier cosa. Aprobado. Y el Ejecutivo
no lo observó: lo promulgó el martes pasado.
“Yendo a la ley, ¿por qué esta versión pepecista del Acta
Patriótica es perniciosa?
“En primer y escandaloso lugar, porque gracias a dicha
ley hacer una base de datos en el Perú se ha vuelto ilegal.
“Porque ‘el que crea, ingresa o utiliza indebidamente una
base' de datos sobre una persona natural o jurídica’ para ‘comercializar,
promover o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera
personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza
análoga, creando o no perjuicio’, tendrá entre 3 y 5 años de cárcel (art, 5) .
“Sí. Crear una base de datos y propagar la información encontrada
(es decir, utilizarla) sobre cualquier esfera o ámbito de una persona natural o
jurídica (sin importar qué encuentres) y sea o no dañina (por si
quedaron dudas) se ha vuelto delito. Dentro de esto cabe casi todo el
periodismo de investigación, a menos que se opte por tabular datos en papel cuadriculado.
No solo hay que ir a calentar la curul
“¿Se pudo haber hecho una mejor ley? Definitivamente.
Pero no hay forma en que una ley sea positiva si se arma en un cuarto
intermedio incluyendo todo lo que encuentres. Ya la propuesta original tenía
muchos vacíos, y la ahora promulgada los tiene también, así como sanciones
absurdas. Una lamentable ley emanada del mismo Congreso que hace un par de
meses realizó la repartija creyendo que hacía lo correcto.
Así, pues, tenemos otra ley contra la libertad y la democracia.
Sería aleccionador leer, escuchar o ver algún
pronunciamiento sobre esta ley, cuyos peligros se advierten a la legua (ver Ley cierra información oficial en esta
misma página).
Porque no solo hay que crear un ambiente propicio a una revisión sino convocar a los ciudadanos para posibilitar una declaración de inconstitucionalidad
sobre este ya calificado “mamotreto”, obra de un Congreso incapaz de detenerse a
examinar cuál es la naturaleza de sus funciones y cómo debe cumplirlas y no, como
lo resalta el artículo precedente, solo de calentar la curul y aprobar con
displicencia dispositivos que son vitales para la marcha y la conservación de
la democracia en nuestra patria.
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