Ley de delitos informáticos
podría ser denunciada
por inconstitucional
El abogado Erick Iriarte, socio principal de Iriarte
& Asociados, experto en asuntos de propiedad intelectual y nuevas
tecnologías, dijo que la recientemente promulgada Ley de Delitos Informáticos
debe ser derogada, modificada o ser declarada inconstitucional debido a que sus
ambigüedades van a afectar los derechos de muchas personas.
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| Peligro para la libertad |
Dijo que no solo el Congreso, sino los colegios
profesionales o los propios ciudadanos podrían iniciar una acción de
inconstitucionalidad contra el referido dispositivo.
Sobre la iniciativa legislativa, el abogado afirma que
“es cierto que esta norma tal como ha sido establecido va afectar derechos de
muchos porque sus ambigüedades son lo suficientemente amplias para no saber
cuándo una cosa va a ser delito y cuándo no”, explica.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
considera que la ley constituye “un grave riesgo para la libertad de
información periodística y en general para las actividades de investigación”
porque la denominada Ley de Delitos Informáticos, “penaliza de manera
indiscriminada la utilización de datos o bases de datos en plataforma
electrónica”.
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| Congreso la aprobó y Ejecutivo la promulgó |
El IPYS señala luego que lamenta “que esta penalización
indiscriminada no haya merecido una revisión competente primero por parte del
Congreso de la República y después por el Poder Ejecutivo, antes de promulgarse
la norma”.
Teme, asimismo, que “el resultado (de la aplicación de la
ley) será la persecución de múltiples
actividades de utilización de datos y bases de datos informáticos que son
completamente lícitas, como por ejemplo las que utilizan plataformas
electrónicas del Estado”.
Iriarte, por su parte, precisa que una de las imprecisiones más
evidentes es el uso de ciertas expresiones como por ejemplo “alterar un dato
informático”. El problema con esta expresión radica en que dentro de ella
también podría incluirse el término modificación, que no necesariamente
implicaría una intención ilícita.
Puso como ejemplo el hecho de que si un compañero de
trabajo modifica un documento de otra persona sin intención dolosa, esta
modificación podría “eventualmente ser considerada un delito”.
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| Congresista Eguren asumió la paternidad |
Además, dijo que el dispositivo “ha pecado desde su
nacimiento, ya que se ha implementado sin tomar en consideración acuerdos
internacionales relacionados al tema”.
“La gran crítica que se ha hecho y que es el núcleo de
todo lo que se ha dicho hasta ahora es que primero se debió firmar el acuerdo
internacional de cibercriminalidad, o Acuerdo de Budapest, y luego se debió
haber hecho la modificación normativa para terminar de adecuar los tipos
penales y dar las herramientas a jueces y policías”, declaró.
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