contra su voluntad durante
el régimen del exdictador
Los exministros de Salud del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer y otros ocho funcionarios de menor rango se enfrentarán a la justicia por el llamado caso de las esterilizaciones forzadas a que fueron sometidas miles de mujeres de precaria situación económica en la década de los años 90.
Los funcionarios llevaron adelante una supuesta campaña de “planificación familiar” durante el régimen del exdictador Fujimori, que ofrecía incentivos económicos a los ejecutores de las esterilizaciones, y recurrieron a la fuerza y al engaño para esterilizar sin autorización o contra su voluntad a mujeres de los sectores andinos más pobres.
La primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima recibió el encargo del Fiscal de la Nación de reabrir el caso que fue archivado hace dos años, ante una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró que la cifra de mujeres afectados era muy alta y entre ellas, hubo una que murió.
En octubre de 2011, la CIDH pidió al Perú la reapertura del caso que había sido previamente archivado porque supuestamente no se encontraron indicios incriminatorios de responsabilidad criminal en las personas investigadas.
A partir de entonces, los exministros Aguinaga y Costa Bauer iniciaron una serie de gestiones tendientes a levantar el proceso de investigación de la Fiscalía, a fin de eludir el proceso que se avecina, de acuerdo con declaraciones de Carlos Rivera, abogado defensor de las víctimas de las esterilizaciones forzadas.
Rivera dijo que desde ese tiempo, tanto Costa Bauer como Aguinaga, recurrieron a una “serie de mecanismos de defensa legales e ilegales con el objetivo de que este asunto no sea reabierto".
Refirió que hace tres meses, el caso volvió a manos del propio Fiscal de la Nación, José Peláez, con el pedido de que sea nuevamente archivado, pero el requerimiento fue desestimado y devuelto a la fiscal Fanny Escajadillo, quien dispuso el reinicio de las investigaciones por los “delitos de secuestro, coacción, y lesiones”.
El abogado de las víctimas precisó que "recién estamos en el reinicio de la investigación pero nos parece muy importante porque abre la posibilidad de que miles de mujeres que fueron esterilizadas de manera abusiva, arbitraria en los años ‘90 alcancen algún tipo de reparación y, sobre todo, la justicia que ellas buscaron desde hace muchos años".
Uno de los investigados, Aguinaga, es actualmente congresista de la república, por lo que el el Fiscal deberá denunciarlo ante el Congreso y pedir que le levantan la inmunidad de que goza para ser sometido al proceso penal que corresponde.
Luis Eduardo Podestá
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