demostraciones públicas
en estado de emergencia
Le pregunté a un magistrado por qué creía que había tanta corrupción y desorden en muchas de las esferas de la vida nacional, a pesar de la existencia de normas drásticas. Me respondió: "El Perú es un país que tiene buenas y muchas leyes, pero pocos se sienten inclinados a cumplirlas y se exponen a las sanciones".
Recordé de inmediato a un periodista-gerente de una agencia informativa extranjera en la que trabajé hace años, que fue enjuiciado por un colega que reclamaba el pago de beneficios sociales luego de un despido arbitrario.
La ley disponía que los corresponsales –y él lo era– tenían todos los derechos de un redactor de planta o de planilla. El gringo leyó la demanda y solo dijo: "No le haremos caso. El Perú es el país donde las leyes no se cumplen".
Y se desentendió del asunto. Tanto que no hizo caso a las reiteradas citaciones del juzgado que lo convocaba a la capital de una provincia andina, donde residía el corresponsal y donde había sido planteada la demanda.
Como resultado de su inveterada ausencia, el juzgado falló a favor del periodista, pero el gringo siguió sordo, mudo e inmóvil.
El periodista demandante vino a Lima una mañana muy temprano, acompañado por un secretario de juzgado, un policía y un cerrajero que comenzó a meter soplete sin contemplaciones a la puerta metálica de la agencia, a fin de abrirla a la fuerza y embargar lo que disponía la ley.
Demás está decir que el gringo abandonó su cama, vino volando a la oficina y esa misma mañana el periodista reclamante recibía su cheque, engordado con todos los intereses, gastos y costas a que la agencia se había hecho acreedora por su rebeldía ante la ley.
Me ha venido al recuerdo este episodio porque en un lugar del país que está en el ojo de la tormenta fue declarado un estado de emergencia, lo que significa, entre otras cosas, la suspensión de los derechos de reunión, de libre tránsito y la inviolabilidad del domicilio.
Pero contra todas estas restricciones, grupos de agitadores siguen azuzando movilizaciones por las calles y plazas de varias localidades, poniendo a la policía contra la espada y la pared.
Hay otra disposición cuyo incumplimiento ha sido frecuentemente el socorrido auxilio de quienes quieren lograr algo por la fuerza y no por la razón de las palabras.
Es el bloqueo de las carreteras y vías de tránsito que perjudica a quienes no tienen nada que ver con el asunto cuya solución se busca.
Que yo sepa, solo una vez, en la Corte Superior de Justicia de Huacho, se aplicó la ley y 21 campesinos que bloquearon la carretera Panamericana durante una huelga agraria fueron sentenciados a tres años de prisión suspendida.
No fueron a prisión, pero sobre ellos pendía la amenaza de cárcel efectiva si no cumplían las severas normas de vida ordenadas por el juez.
Tenemos que confiar en que los magistrados, policía y autoridades deben revertir estas situaciones y hacer cumplir la ley a fin de erradicar esa atmosfera de impunidad que rodea a quienes, en función de sus reclamos, provocan daños a terceros e inocentes.
Nota-Este artículo fue publicado en el diario El Peruano el día 14 de julio de 2012.
Luis Eduardo Podestá
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