Muerte civil para los corruptos

Solo han pagado seis
de una deuda de
cerca de mil millones

Las recientes declaraciones del ministro de Justicia Juan Jiménez y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César San Martín, en cuanto a la aplicación de una “muerte civil” para los corruptos que no paguen sus deudas por reparaciones civiles con el Estado, han recibido el respaldo de la sociedad.

San Martín: Si no pagan que regresen a prisión

En la actualidad hay numerosos reos de corrupción y terrorismo, muchos aún entre rejas y otros en libertad, que adeudan cuantiosas sumas por los daños que causaron al Estado y no les pasa nada.

Entre aquellos se encuentran altos funcionarios civiles y militares del régimen del exdictador Alberto Fujimori, sentenciados por corrupción en diversos grados.

San Martín ha propuesto aplicar la llamada muerte civil o inhabilitación de por vida o el regreso a prisión, de los corruptos que no paguen sus deudas con el Estado.

El magistrado señaló que la medida, consistente en un impedimento para cualquier operación sea económica o de otra naturaleza, incluida la apertura de cuentas bancarias, debería aplicarse a los condenados por corrupción que no salden las reparaciones monetarias fijadas en sus sentencias.

Ministro Jiménez: Solo seis de casi mil millones

La misma opinión fue expresada por el ministro de Justicia, Juan Jiménez, quien reveló que los sentenciados por corrupción durante los últimos 20 años solo han pagado seis millones de un total de casi mil millones de nuevos soles (unos 362 millones 318 mil dólares) adeudados por reparaciones al Estado.

"Es absolutamente razonable, no solo que se apliquen mecanismos de inhabilitaciones permanente", declaró San Martín, quien planteó la posibilidad de que los morosos sean regresados a prisión.

Como en el Perú no hay prisión por deudas, San Martín precisó que la opción no atentaría contra ese principio, ya que “la reparación no es una deuda sino una obligación jurídica consecuencia de un delito en agravio del Estado”.

Añadió que las reparaciones son la devolución del dinero hurtado al Estado en los casos de corrupción y no estrictamente un castigo sino la reparación de un daño que la ley debe exigir.

El presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Gonzalo García, dijo que no solo son 362 millones 318 mil dólares los que los corruptos adeudan al Estado sino unos 900 millones de dólares que esos sujetos tienen “guardados y ocultos en el exterior”.

Saca cuentas pero no paga

Afirmó que esa suma corresponde a fondos perdidos por el Estado debido a la corrupción existente durante el gobierno de Fujimori entre 1990 y 2000. Fujimori, cumple actualmente una condena de 25 años de cárcel por ese delito y por crímenes de lesa humanidad.

Remarcó seguidamente que el Perú tiene convenios con diversos países para intercambiar información financiera que pudiera servir para la recuperación de esos fondos en algún momento.

Mientras tanto, la sanción de inhabilitación absoluta o “muerte civil” planteada por San Martín y el ministro de Justicia puede avanzar en la aplicación de sanciones contra quienes cometan delitos por corrupción en agravio de la nación.

Luis Eduardo Podestá