Tribunal Constitucional
ratificó sentencia que lo
condena a 25 años
El Tribunal Constitucional del Perú (TC) confirmó por unanimidad la sentencia de 25 años de cárcel que pesa sobre el exdictador Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) declaró que ese fallo es un mensaje de que en el Perú no prospera la impunidad.
Jueces que sentenciaron al exdictador
Francisco Soberón, presidente de Aprodeh, declaró que “indudablemente, esta decisión del TC refuerza el juicio y la sentencia emitida por el Poder Judicial contra Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y dan un ejemplo de que en el Perú no prospera la impunidad”.
También reaccionó con alborozo el presidente de la Corte Suprema, César San Martín Castro, quien dijo que los magistrados del Perú se encuentran “llenos de gozo”, luego de hacerse público el fallo del TC.
San Martín declaró a la agencia de noticias del estado, Andina, que “nos llena de gozo (esa decisión), porque da cuenta de que estamos cumpliendo una función destacable, sin agraviar los derechos de nadie".
Exdictador consulta con su abogado luego de escuchar su sentencia
El exdictador Alberto Fujimori fue sentenciado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el 7 de abril de 2009 a 25 años de prisión, como autor mediato de homicidio calificado, asesinato, lesiones graves y secuestro, en agravio a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por el secuestro de un empresario y un periodista luego del autogolpe de estado que dio en 1992.
En Barrios Altos, miembros del grupo Colina, un comando militar encubierto constituido durante la dictadura de Fujimori, ingresaron a una casa el 14 de marzo de 2001 y asesinaron a balazos a 15 personas, entre ellas, un niño de ocho años.
En La Cantuta, nombre popular de la Universidad Enrique Guzmán Valle, el grupo Colina secuestró a nueve estudiantes y un profesor, a quienes asesinó posteriormente de balazos en la cabeza, el 18 de julio de 2001.
El Tribunal Constitucional ratificó la condena de 25 años de prisión al declarar infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por Fujimori, y declaró que la Corte Suprema no vulneró su derecho a la pluralidad de la instancia.
Las declaraciones del juez San Martín y de Francisco Soberón, tienen lugar en momentos en que fue descubierta una matanza de campesinos cometida presuntamente por el mismo grupo Colina, en la provincia del Santa, Áncash, al norte de Lima, donde recientemente se encontraron fosas comunes con nueve cadáveres, cuatro de los cuales han sido identificados.
Soberón exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público a confirmar la sentencia en primera instancia que ya existe sobre los crímenes de El Santa, ya no como desaparición forzada sino como ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Fujimori.
Otro de los delitos por los cuales el exdictador debe rendir cuentas junto a sus exministros de Salud Marino Costa Bauer y Fernando Aguinaga, es la esterilización forzada de unas 300 mil mujeres de modesta condición, bajo el disfraz de una supuesta política de control voluntario de la natalidad.
Luis Eduardo Podestá
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