Pero Arequipa solo es parte del Perú y la vigencia de ese sistema laboral que rige en todos los organismos del Estado y en no pocos de la actividad privada, se mantiene en toda su ominosa presencia, a través de los gobiernos democráticos que debieron haberlo borrado de un plumazo, por haber sido una creación abusiva de la última dictadura.
El gobierno regional de Arequipa dispuso la eliminación del CAS en todo su territorio, pero tropezó con la timidez del burgomaestre casi vitalicio del distrito de Paucarpata, el periodista Marcio Soto Rivera, quien alegó –para no cumplir la ordenanza regional– que no había dinero para pagar a los maestros que resultaran ganadores de un concurso de méritos.
Gobierno Regional de Arequipa contra la discriminación laboral
Sin duda quiso decir que con el CAS, como ocurre en todas las esferas del sector público, podía pagarles lo que le diera la gana y no lo que merece un educador, un formador de la persona.
Con esa conducta intentó tratar a los maestros convocados a concurso como el gobierno central trata a cientos de miles de trabajadores del sector público y desacatar la ordenanza regional.
El CAS –hay que recordarlo– remplaza al desaparecido Servicios No Personales, y sus principales atropellos discriminatorios son inestabilidad laboral y posibilidad de despedida abusiva cuando al empleador le venga en gana sin expresión de motivo o causa, haberes a la voluntad del empleador –lo tomas o lo dejas– y dar como gracia un periodo vacacional de 15 días, mientras los demás trabajadores disfrutan de 30, trabajar una jornada laboral de 48 horas semanales, es decir ocho horas seis días a la semana, cuando todos los demás tienen dos días de descanso semanales.
En el Perú –lamentable pero cierto– la mayoría de ese ejército de casi cien mil esclavos laborales hombres y mujeres, se encuentra nada más ni nada menos que en los organismos públicos y contribuyen a que el país no se detenga.
Hizo bien el diario La República en calificar al sistema laboral en que se halla incluido ese ejército de trabajadores como “CAS: nueva forma de esclavitud” y lo describía brevemente como “Una dura realidad. Trabajadores no gozan de beneficios laborales”.
Por su lado, el Tribunal Constitucional (TC) negó la inconstitucionalidad de los CAS, y ordenó que se dé paso al derecho sindical de trabajadores de esta modalidad, según dio cuenta el diario La Primera el reciente 11 de marzo.
Según la “sentencia interpretativa” del TC, la modalidad del CAS “es un régimen especial de contratación para el sector público, y compatible con el marco legal”, pero ordena al ministerio de Trabajo expida la legislación necesaria “que permita a los trabajadores sujetos a este régimen el ejercicio del derecho de sindicación y huelga regulado en el artículo 28º de la Constitución”. 
Presidente regional, Juan Manuel Guillén
El abogado Jesús Carrasco Mosquera, quien presentó la demanda de inconstitucionalidad del CAS, dijo que la sentencia “es un avance en la defensa de los derechos laborales, pero a la vez es un juego de palabras por parte de los miembros del TC”.
“El Tribunal lo que ha hecho es tomar tres de los cuatro puntos de nuestra demanda y los responde declarando infundada el pedido de inconstitucionalidad.
Pero, si la declaran infundada por qué ordenan a Trabajo regular el derecho a sindicalización, así como que se regule el plazo que debe durar un CAS”, declaró.
Añadió una verdad a voces: “Desde que se aprobó el CAS en el 2008, casi todo el estado contrata solo por CAS”. Todo lo cual significa que el ejército de esclavos CAS seguirá creciendo en la medida en que el estado los necesite, hasta cuando un gobierno verdaderamente democrático y con emoción social acabe con las diferencias que entrañan esos sistemas discriminatorios y traten por igual a todos los trabajadores.
Luis Eduardo Podestá
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