El gobierno dio marcha atrás pero…

Hay que reaccionar a tiempo
frente a los atentados
contra la libertad de expresión


Menos mal que la ley que el presidente Alan García, gran defensor de la democracia, planteó para controlar las interceptaciones telefónicas también llamadas en nuestro criollo lenguaje chuponeos, ha seguido un curso que él no quería.

Todo ello demuestra que el susto a que las salpicaduras del escándalo tiznaran las paredes del Palacio de Pizarro fue mayúsculo y se le quiso poner un parche que se llevó por delante las proclamas democráticas.

De paso se quería obligar a los periodistas a callar, a no utilizar el material que tuvieran sobre actos de corrupción, bajo la amenaza de una pena de prisión si se ponían rebeldes y publicaban el fruto de sus investigaciones.

El retroceso del Poder Ejecutivo ha sido oportuno y ha servido para que se entere de que el país no está dispuesto a tolerar un paso dictatorial que lo prive de una de las libertades más preciadas de que disfruta hoy, conquistada con muchos sacrificios y con no poca sangre.

Quieren proteger a algunos "compañeros" nombrados en los Petroaudios

Allí están de muestra los cadáveres de los ocho periodistas muertos en Uchuraccay, el de Bustíos, de Ayala, en medio de la guerra subversiva y de otros más sacrificados a manos del narcotráfico o de Rivera, en aras de intereses de la corrupción que se entrecruzan.

Para lograr el retroceso presidencial fueron necesarias las declaraciones de políticos -incluidos algunos de su propio partido- de todas las tiendas, de ciudadanos comunes y silvestres y de instituciones como la Asociación Nacional de Periodistas a través de un pronunciamiento muy enérgico que señaló que el proyecto presidencial constituía “una grave amenaza contra la libertad de expresión y, en especial, de la libertad de prensa, derechos amparados por la Constitución Política del Estado, el Código Penal y los convenios internacionales suscritos por el Perú”.

El pronunciamiento de la APN entraña también una denuncia cuando precisa que “resulta contradictorio que los autores no hayan tomado en cuenta que frente al grave problema creado por la corrupción de funcionarios públicos, es menester proteger y defender el libre ejercicio de la profesión periodística por el significado que tiene para bien de la salud moral del país”.

Conquistar la libertad de prensa irrestricta fue tarea de muchas décadas de esfuerzo. Por ella, los periodistas de determinadas épocas sufrieron persecuciones, destierros y prisiones. Pregúntele a Enrique Zileri, quien protagonizó una huelga de hambre en el auditorio de hambre en el auditorio de la Federación de Periodistas del Perú, y fue desterrado junto a otros defensores de la libertad.

El paso que dio el gobierno de Alan García ha quedado atrás, pero para los periodistas no debe ser tomado a la ligera, pues se adivina detrás de él un ánimo autoritario que puede estallar en cualquier momento para proteger intereses políticos o a quienes se hallen comprometidos en esa tremenda ola de corrupción que envuelve al país.

Los periodistas debemos mostrarnos no solo unidos sino en estado de permanente alerta y reaccionar a tiempo y con la energía necesaria contra cualquier nuevo intento de atropellar la libertad de expresión, que tanto tiempo, y tanto sacrificio han costado a la sociedad peruana.